La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó una norma que convierte al subte en transporte gratuito para un sector específico de la población: jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad que perciban hasta dos haberes mínimos y medio y tengan domicilio acreditado en la Capital Federal. La medida elimina la credencial especial que regía hasta ahora y la reemplaza por un mecanismo mucho más simple: apoyar el documento nacional de identidad en el molinete habilitado.

El beneficio se aplica todos los días, durante todo el horario de servicio, sin las restricciones de franja matutina o vespertina que suelen acompañar a los pases para adultos mayores. Para miles de usuarios, eso significa poder combinar turnos médicos tempranos, trámites en comisarías o bancos fuera de hora y visitas familiares nocturnas sin pagar boleto ni reorganizar su agenda en función de la tarifa subsidiada.

Qué cambia y qué se mantiene

• Cobertura: jubilados y pensionados del sistema previsional, retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, todos con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
• Tope de ingresos: hasta 2,5 haberes mínimos previsionales.
• Acreditación: el acceso se habilita con el DNI en el molinete, sin necesidad de tarjeta ni credencial especial.
• Vigencia: cinco años, con posibilidad de renovación si se mantienen las condiciones de residencia e ingresos.
• Alcance temporal: todos los días, durante todo el horario de servicio, sin franja restringida.

El trámite de alta se canalizará por las sedes comunales, donde se solicitará DNI, comprobante de domicilio en la Ciudad y la constancia que acredite el nivel de ingresos previsionales. Con esos datos, la administración porteña inscribirá al beneficiario en el sistema y liberará el acceso. El Ejecutivo porteño insistió en que los requisitos serán acotados para evitar colas y demoras en un universo de usuarios que, en gran parte, se maneja con poca familiaridad con los sistemas digitales.

La ley ya está sancionada, pero el beneficio todavía no se puede usar. La reglamentación, que debe completarse en un plazo máximo de 60 días, definirá la operatoria técnica en cada estación, los puntos de validación y la fecha exacta desde la cual el DNI empezará a funcionar como llave de acceso a las seis líneas de la red. Hasta que eso ocurra, lo que se perdió es tiempo: meses de debate parlamentario y un tramo del año en el que los jubilados porteños siguieron pagando un boleto que la propia Ciudad consideraba, al menos en parte, subsidiable.

El paso siguiente está en manos del Gobierno de la Ciudad, que debe dictar la reglamentación dentro del plazo fijado por la propia norma. Autorizó la gratuidad la Legislatura porteña; deberá ejecutarla el Poder Ejecutivo local. Mientras tanto, la pregunta de fondo sigue abierta: la gratuidad en el transporte público, ¿alcanza para recomponer el poder adquisitivo de un sector que en los últimos años perdió terreno frente a la inflación y los ajustes tarifarios? Por ahora, la respuesta se reduce a un gesto simbólico: un viaje menos por día que se paga con el DNI, no con plata.