El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza, a cargo del juez Héctor Fabián Cortés, homologó el 3 de agosto pasado los acuerdos de juicio abreviado alcanzados entre la fiscalía y las defensas de 24 imputados en una causa por contrabando agravado de armas y municiones hacia Chile. Las sentencias, que en los casos más graves alcanzan los seis años de prisión, abarcaron los delitos de asociación ilícita, tentativa de contrabando agravado, tenencia de armas de fuego y conductas vinculadas con estupefacientes.

Según se desprende del expediente, la organización investigada por el fiscal Dante Vega operó al menos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023. Funcionaba con roles definidos: coordinadores de la logística, personas encargadas del acopio y traslado del armamento, choferes de camiones que cruzaban la frontera con cargas declaradas y armas ocultas en las cabinas, y receptores de transferencias de dinero enviadas desde Chile a través de empresas de remesas como Western Union.

Dos rutas de aprovisionamiento y dos modos de cruzar la frontera

La pesquisa acreditó que la red se abastecía por dos vías. La primera era el mercado legal argentino: se adquirían pistolas mediante permisos de legítimo usuario y luego se desviaban al circuito ilegal. La segunda, un contacto en Brasil que proveía material de manera directa. Para llegar al paso fronterizo con Chile, los integrantes utilizaban camiones con carga legal declarada y también ómnibus de larga distancia, con pasajeros que transportaban pistolas y cargadores en el equipaje de mano o en la bodega.

• En diciembre de 2023, Gendarmería detuvo un ómnibus sobre la ruta 38, en el sur de Tucumán: dos pasajeros chilenos con antecedentes en su país llevaban ocho pistolas calibre 9 milímetros y 13 cargadores, cinco armas adosadas al cuerpo y tres ocultas en un bolso con ropa.
• A lo largo de la investigación se secuestraron 36 armas de fuego de distintos calibres y marcas, 32 cargadores, más de 2.000 municiones y varios accesorios.
• Además de los 24 condenados, otros cinco imputados accedieron a la suspensión de juicio a prueba por uno o dos años, y cuatro personas fueron sobreseídas porque la droga hallada fue considerada para consumo personal.

En paralelo a la decisión sobre los 24 imputados, resta resolver la situación de otros dos sospechosos que aún no cerraron acuerdos con la fiscalía, por lo que el Tribunal deberá fijar la fecha de debate oral en las próximas semanas. Esa audiencia definirá si se mantienen las acusaciones o si la pesquisa se cierra también para ellos mediante salidas alternativas.