Salud mental bajo presión: las internaciones se disparan 42% en tres años y el sistema público no da abasto
Un relevamiento federal con datos de 14 provincias presentado en el Senado advierte sobre el crecimiento sostenido de la demanda y la falta de recursos para responder. Crecieron las consultas ambulatorias, se multiplicaron las guardias desbordadas y las camas incorporadas ya quedan cortas frente a una población que, en muchos casos, migró desde las prepagas hacia el hospital público.

Me ubico en la sala de espera del servicio de salud mental de un hospital público del conurbano bonaerense, a las nueve de la mañana de un martes cualquiera. Las sillas están llenas. Hay madres con chicos en brazos, adultos mayores que miran el piso, jóvenes que se entretienen con el celular para disimular la ansiedad. No es una escena excepcional: es la postal que se repite, cada vez con más frecuencia, en casi todas las provincias argentinas. Un relevamiento federal que acaba de presentarse en el Senado lo confirma con cifras frías y elocuentes: las internaciones por problemas de salud mental crecieron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% en los últimos doce meses, mientras las consultas ambulatorias (es decir, las atenciones programadas, sin internación) aumentaron 23% en el último año. Detrás de esos porcentajes hay personas concretas que esperan, como las que yo veo acá, un turno que a veces demora semanas.
Un mapa federal que reúne al 70% del país
El trabajo fue coordinado por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y se construyó con información aportada por las máximas autoridades sanitarias de catorce jurisdicciones: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Esas provincias concentran más del 70% de la población argentina, lo que le da al relevamiento un peso estadístico muy relevante. También participaron del encuentro Entre Ríos y Río Negro, que aportaron su mirada al debate aunque quedaron fuera del corte cuantitativo principal. La idea, según se explicó en la presentación, fue armar por primera vez una foto federal y comparable del estado de la salud mental en el país, algo que hasta ahora no existía con este nivel de detalle.
Los números muestran, en primer lugar, un cambio de perfil en quien llega a consultar. Creció la demanda de atención en niñas, niños y adolescentes, una franja etaria que hasta hace pocos años no era la que encabezaba las estadísticas. Y se multiplicó la presencia de personas que perdieron cobertura de obras sociales o prepagas y pasaron al sistema público, un fenómeno que las autoridades provinciales vinculan de manera directa con la crisis económica y con el ajuste del gasto en salud que golpea a los bolsillos medios. En la provincia de Buenos Aires, el dato más fuerte es el siguiente: el 30% de las consultas en las guardias hospitalarias corresponde a problemas de salud mental, una proporción que era impensada una década atrás y que reconfiguró la manera de trabajar de los servicios de emergencia.
Más camas, pero equipos que no alcanzan
Frente a esa demanda creciente, las provincias hicieron un esfuerzo concreto: entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales, lo que en los papeles representa un salto importante en la capacidad instalada. Además, trece de las catorce jurisdicciones relevadas ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para el abordaje de consumos problemáticos. El problema es que esa expansión, que en otra contexto hubiera resultado suficiente, hoy aparece como claramente insuficiente. Las propias autoridades provinciales reconocieron en el informe que esas capacidades están "sobreexigidas" frente a una demanda que no cesa, y que existen dificultades serias para completar equipos con disciplinas críticas como psicología, psiquiatría, trabajo social y enfermería especializada, profesiones todas ellas con salarios bajos en el sistema público y condiciones de trabajo cada vez más duras.
- Aumentar la inversión destinada específicamente a salud mental, que hoy sigue siendo una proporción muy chica del presupuesto sanitario total.
- Ampliar la infraestructura y los recursos humanos, con políticas de formación, retención y mejora salarial para los profesionales.
- Garantizar el acceso a medicamentos psiquiátricos, muchos de los cuales sufren faltantes recurrentes en hospitales y centros de salud.
- Producir información epidemiológica nacional de calidad, con registros unificados que permitan planificar a largo plazo.
- Recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, que en los últimos años se fue diluyendo.
El informe se presentó en el Senado en un momento muy sensible: mientras el Congreso debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010 y considerada un hito en la región por su enfoque de derechos. Las autoridades provinciales plantearon, con tono conciliador pero firme, que la propuesta en discusión elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental sin incorporar al mismo tiempo el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos. El reclamo no apunta a blindar el statu quo sino, justamente, a pedir que cualquier cambio venga acompañado de recursos concretos para que la ley no quede en papel pintado.
Dónde atenderse y en qué horario
Para quien esté atravesando una crisis o necesite orientación, en la Ciudad de Buenos Aires funciona durante las 24 horas la línea 107 (Salud Mental), gratuita y atendida por profesionales. En la provincia de Buenos Aires está disponible el 148, también gratuito, y los hospitales públicos cuentan con guardias de salud mental activas todos los días, incluso feriados. En el interior del país, cada provincia tiene su línea local: en Córdoba, el 0800 4444 4000; en Santa Fe, el 0800 555 6768; en Mendoza, el 0800 800 26843; y en Tucumán, el 0800 4444 4000, entre otras. La recomendación de los profesionales es la misma en todos los casos: si la situación es urgente, no hay que esperar al turno programado; hay que acercarse a la guardia más cercana o llamar, porque una crisis atendida a tiempo cambia por completo el pronóstico. Lo que muestran los números que presentó la UNLa es que el sistema está respondiendo como puede, pero que ya no puede solo, y que la decisión política de los próximos meses definirá si esa sala de espera que yo vi esta mañana se descomprime o sigue creciendo.
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