Córdoba: la Defensoría del Pueblo describió esperas de hasta más de un año para acceder a terapias, prótesis y medicamentos vinculados a la discapacidad

Yo quiero contarles lo que escuché mientras leía este informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, porque detrás de cada cifra hay una madre, un padre, un cuidador que vive la espera como si fuera una condena diaria. Conseguir un turno para certificar una discapacidad, empezar una rehabilitación o recibir una prótesis puede implicar meses de idas y vueltas, y a veces más de un año, en una provincia donde las familias terminan poniendo plata de su bolsillo para que el tratamiento no se corte.

El documento fue presentado el 5 de octubre de 2026 por la Defensoría del Pueblo de Córdoba y reúne lo relevado en entrevistas y grupos focales, por lo que sus testimonios describen experiencias y no constituyen una medición estadística de todos los casos. Yo les voy a contar lo principal, porque me parece clave que se conozca qué está pasando con un derecho que debería estar garantizado.

Turnos para el CUD: dos a tres meses en los hospitales pediátricos

Para quienes necesitan tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el informe señala que la Ciudad de Córdoba dispone de juntas evaluadoras en siete hospitales. Dos de esos establecimientos son pediátricos y allí las citas se otorgan con esperas de dos a tres meses. Además, describe dificultades para conseguir consultas con especialistas, un paso que suele ser necesario antes de llegar a la evaluación.

Prótesis, medicamentos y rehabilitación, con plazos que se estiran

Los tiempos se vuelven más críticos cuando se mira el resto de las prestaciones. Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo, señaló demoras de cuatro a nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y esperas de nueve a catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación. Esos períodos corresponden a lo expuesto en el informe y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular.

• CUD en hospitales pediátricos de Córdoba Capital: dos a tres meses de espera para conseguir turno.
• Prótesis y medicamentos: cuatro a nueve meses de demora según el relevamiento.
• Ingreso a centros de rehabilitación: nueve a catorce meses de espera.
• Pagos atrasados a prestadores: entre varios meses y hasta un año, según el informe.

Lo que pagan las familias mientras tanto

Mientras esperan, algunas familias se endeudan. Una madre entrevistada en el informe contó que llegó a pagar entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, después de haber sostenido atención particular durante alrededor de dos años. A eso se suman gastos en transporte y apoyos escolares. El documento también advierte que la carga de cuidados recae sobre las mujeres, con testimonios de madres que redujeron su jornada laboral y resignaron ingresos para sostener los tratamientos.

“Hay una sobrecarga muy fuerte sobre las madres, que dejan de trabajar o trabajan menos para poder sostener los tratamientos, y eso va deteriorando la economía familiar.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo

Prestadores con aranceles atrasados y costos que no cierran

Las dificultades también alcanzan a quienes brindan las prestaciones. El estudio recoge atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos de obras sociales y programas estatales. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional habrían aumentado un promedio del 225%, frente a una inflación acumulada del 336% en ese mismo período. En transporte, mientras la nafta súper subió un 559%, el valor reconocido por kilómetro lo hizo un 231%, una diferencia que el informe vincula con la decisión de algunas instituciones de reducir gastos de funcionamiento para no dejar de atender.

Qué pidió la comunidad y a quién

La comunidad relevada en este informe pidió, principalmente, que se acorten los plazos para acceder al CUD, a las terapias, a las prótesis y a los medicamentos, y que se actualicen los pagos a los prestadores para que los servicios no se debiliten. Esas demandas quedaron planteadas ante la Defensoría del Pueblo de Córdoba, que presentó el documento como insumo para que el Estado provincial y las obras sociales revisen los circuitos de atención y los mecanismos de financiamiento. Yo me quedo pensando en esa madre que pagó sesiones durante dos años: la respuesta que necesita no puede seguir esperando.