Dieciocho inversores denuncian penalmente a Hernán Casciari por siete proyectos audiovisuales que, según ellos, devolvieron casi nada

El murmullo de la sala todavía estaba tibio, como cuando se apaga la luz en una función llena y todavía no arranca la pantalla. Esa es la imagen que me quedó rondando la cabeza mientras leía la denuncia penal que dieciocho personas acaban de presentar contra el escritor Hernán Casciari y su empresa Orsai Audiovisuales, radicada en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La causa cayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, pasó a la Fiscalía N.º 16 y lleva la firma del abogado Ariel Gil Ces, que es el que empujó el escrito hasta el mostrador. Lo que cuentan los denunciantes, en criollo, es simple: pusieron plata para siete proyectos audiovisuales entre 2020 y 2024, muchos con expectativas de sacar una diferencia razonable, y terminaron viendo cómo se les devolvía una migaja, cuando algo volvió. Lo más grave, según la presentación, es que en la mayoría de los casos el retorno informado fue inferior al 3% de lo invertido, una cifra que para cualquiera que haya ahorrado con esfuerzo suena directamente a engaño.

Siete proyectos, miles de bonos y un rango de inversión que va de 50 a 3.000 dólares

La denuncia no apunta a un solo film ni a una sola serie: apunta a un arco completo, a casi cinco años de apuestas en común. Entre los siete proyectos se acumularon aproximadamente 23.640 participaciones, que es un número enorme pero que hay que leerlo con cuidado, porque no equivale a 23.640 personas únicas: varios de los denunciantes compraron bonos en más de una producción y por eso aparecen contados varias veces. Lo concreto es que cada inversor individual puso entre 50 y 3.000 dólares, en un esquema que se promocionaba como una suerte de mecenazgo colectivo para ficción y documental, con la promesa de participar de los eventuales beneficios. Los denunciantes sostienen que esa promesa se cumplió, en el mejor de los casos, a medias: o se devolvió casi nada, o se recuperó lo justo para no perder, sin rentabilidad real.

Las obras cuestionadas: de "Sola en el Paraíso" a "La Muerte de un Comediante"

• "Sola en el Paraíso": documental sobre la actriz Justina Bustos durante la pandemia, lanzado en 2020 con 938 participaciones. Según la denuncia, terminó subido a YouTube de forma gratuita y sin aviso previo a quienes lo habían financiado. María Alecia Izturriaga, que compró un bono de 50 dólares, declaró: "Encima de que no se promocionó ni se supo más nunca qué pasó con eso, la suben gratis sin avisar".
• "La Uruguaya": basada en la novela de Pedro Mairal, habría reunido unos 600.000 dólares a través de 1.967 participaciones. Fue vendida a Disney por el mismo valor que costó producirla, lo que permitió recuperar el capital pero sin dejar margen de ganancia. Para juntar los fondos, según la denuncia, el futbolista uruguayo Sebastián Fernández prestó su cuenta bancaria personal en el Banco Santander de Uruguay.
• "Canelones": reunió 5.495 participaciones desde 2021. Arrancó anunciada como miniserie de seis capítulos, pasó a cuatro episodios y terminó convertida en película, sin rendiciones económicas diferenciadas por etapa. Marcelo Vaccarili, que aportó 1.200 dólares, declaró que confió cuando vio los nombres del elenco: "Cuando los actores elegidos fueron actores reconocidos como Barassi, Rada, Llinás y Bordón, no tuve dudas del éxito de la serie". El estreno en cines fue programado para el 6 de agosto de 2026.
• "La Muerte de un Comediante": es el proyecto con más reclamos. Es la ópera prima como director de Diego Peretti, juntó 10.139 participaciones y recaudó más de 1.800.000 dólares. Los retornos que reportan los denunciantes van de 1 a 84,60 dólares. Sebastián Angelini, que invirtió 2.900 dólares, declaró que su intención era abrir un negocio con las ganancias que esperaba recibir. Durante el estreno, el 20 de noviembre de 2025, la película se proyectó sin subtítulos en varias salas, con poca concurrencia.

A esos cuatro títulos se suman otros tres proyectos que también integran la denuncia y que, según el escrito, habrían atravesado problemas similares de comunicación con los inversores y de rendición de cuentas. En todos los casos, lo que remarcan los denunciantes no es solo el resultado económico: es la falta de información, los cambios de planes que se anunciaban sobre la marcha y la sensación, palabra más palabra menos, de que el manejo del dinero se hizo en una oficina a la que ellos no tenían acceso. Lo que se investiga ahora es si detrás de esa operatoria hubo una administración fraudulenta o, como ellos sostienen, una estafa con todas las letras. Mientras tanto, la pregunta que sobrevuela la película entera, y que sobrevuela también la vida cotidiana de estos inversores, es cuánto de lo soñado termina volviendo al bolsillo de quien apostó, y cuánto queda flotando, como el eco tibio de una sala a oscuras cuando todavía no arrancó la función.