Mendoza abre una mesa gratuita para que los sobreendeudados renegocien con bancos, tarjetas y mutuales

La Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo, dependiente de la Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza, quedó habilitada para recibir los pedidos de los consumidores que necesiten renegociar compromisos financieros con tarjetas de crédito, préstamos personales y líneas de financiamiento para consumo.

El trámite es gratuito y se pensó como una salida para hogares donde el peso de las cuotas ya pone en jaque la economía diaria. La regla base es concreta: si las deudas consumen más del 30% de los ingresos netos del grupo familiar, el Estado abre la puerta a una negociación formal con los acreedores.

Quiénes pueden pedir la conciliación

• Consumidores finales con domicilio real en Mendoza.
• Personas con deudas de préstamos personales, compras en cuotas, tarjetas de crédito y créditos de plataformas financieras, mutuales y cooperativas.
• Hogares donde las obligaciones superen el 30% de los ingresos netos; el piso baja al 25% en situaciones de vulnerabilidad.
• Personas con menores a cargo, con discapacidad, jubilados y pensionados del haber mínimo, desocupados, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales.
• Capital total adeudado de hasta 100 salarios mínimos, vitales y móviles al momento de pedir la intervención.

Quedan afuera del mecanismo las deudas con garantía hipotecaria, las obligaciones alimentarias, las multas y las sanciones penales, además de los pasivos empresariales o comerciales que no tengan destino de consumo familiar.

Qué se puede conseguir y qué no

La herramienta permite discutir quitas, extensión de plazos, períodos de gracia y la baja de intereses punitorios o gastos por mora, pero ninguna de esas salidas se aplica por decreto. La Provincia carece de facultades para obligar a un banco, una financiera o una mutual a aceptar condiciones distintas a las pactadas: cualquier cambio exige un acuerdo entre las partes.

El consumidor que inicia el trámite debe presentar el listado de acreedores, los importes adeudados y un detalle actualizado de activos y pasivos. Defensa del Consumidor corre vista a cada acreedor, que tiene hasta 10 días hábiles para responder con su propuesta. El silencio o la negativa deja al deudor en la misma situación de la que partió, sin quita ni plan nuevo.

El sistema, en los hechos, no rescata a nadie por sí solo. Sirve de mesa de negociación y nada más: si la entidad acreedora no quiere estirar plazos, no quiere reducir intereses o no quiere aceitar una quita, la conciliación termina sin acuerdo y la deuda sigue exactamente como estaba. Lo que se perdió, mientras tanto, es tiempo y oportunidad frente a un escenario donde la presión de las cuotas ya compromete más de un tercio del sueldo del hogar.