Recuperan en Sinsacate 135 cabezas de ganado compradas con cheques sin fondo: la causa se conecta con una investigación más amplia en Santa Fe
Un procedimiento conjunto entre la Policía de Investigaciones de San Cristóbal y la Patrulla Rural de Córdoba permitió secuestrar animales valuados en unos 165 millones de pesos. Por ahora no hay detenidos y la fiscalía procura identificar a los responsables.

La Fiscalía interviniente investiga una presunta estafa en operaciones de compraventa de ganado tras un allanamiento realizado en una propiedad rural de Sinsacate, departamento de Totoral, donde efectivos de la Policía de Investigaciones de San Cristóbal, dependiente de la provincia de Santa Fe, junto a personal de la División Investigaciones de la Patrulla Rural de Córdoba recuperaron 135 cabezas de ganado vacuno.
Los animales, valuados en aproximadamente 165 millones de pesos, habían sido adquiridos mediante cheques sin respaldo económico, según la reconstrucción preliminar del hecho. Las fuentes consultadas no detallaron la identidad de los vendedores damnificados ni la de los adquirentes, y por el momento no se registran personas detenidas a raíz del procedimiento.
Una pesquisa con ramificaciones en Santa Fe
El expediente se vincula con una serie de maniobras investigadas por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. En septiembre pasado, la Fiscalía de esa provincia llevó adelante nueve allanamientos simultáneos en Venado Tuerto, apuntados contra un empresario agropecuario sospechado de operar con la misma mecánica de pago fraudulento.
- Marzo de 2025: primera operación irregular detectada, con la compra de 360 cabezas de ganado por más de 271 millones de pesos abonadas con cheques que luego fueron rechazados.
- Agosto de 2025: un segundo episodio con 200 animales por unos 100 millones de pesos, cuyo ganado comprometido nunca fue entregado al comprador.
- Una sola cuenta examinada registró 172 cheques rechazados, 159 de ellos emitidos entre enero y agosto de 2025 por un monto superior a los 982 millones de pesos.
El trabajo de la fiscalía y los próximos pasos
Durante más de un año, la fiscal adjunta Larisa Baruuca —de acuerdo con la información disponible— analizó documentación bancaria, societaria y comercial. El cruce de información con registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y con entidades bancarias permitió dimensionar el alcance de la maniobra.
Las diligencias incluyeron el secuestro de dispositivos electrónicos, contratos, títulos valores y documentación comercial. Participaron la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA, el Grupo de Investigación y Análisis Criminal y efectivos de la División Delitos Económicos de Santa Fe. El paso procesal que sigue es la identificación formal de los responsables y la eventual convocatoria a prestar declaración indagatoria, en el marco de la causa que avanza en la Justicia de Santa Fe con colaboración de la fuerza policial cordobesa.
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