Templo Filadelfia: 27 condenas y reparaciones por más de 2.170 millones de pesos para las víctimas

El Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó a 27 personas y fijó reparaciones por 2.170.467.831,20 pesos para 27 víctimas en el juicio por la organización criminal que operaba bajo el nombre Templo Filadelfia. Las penas alcanzaron los 24 años de prisión para la considerada jefa del grupo, en una causa por asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral.

La calificación legal central fue la de trata de personas agravada por explotación laboral, sumada a los delitos de reducción a la servidumbre, asociación ilícita y, en varios casos, supresión de identidad de menores y falsedad ideológica de documento público. El fiscal general Alberto Gentili, a cargo de la acusación, describió un sistema de sometimiento que combinaba trabajo explotado, aislamiento, vigilancia constante y sanciones internas, con restricciones sobre los vínculos personales y la vida afectiva de las víctimas.

Las condenas más altas

Eva Petrona Pereyra recibió la pena más elevada, 24 años de prisión, como jefa u organizadora de la asociación ilícita y coautora de los delitos de reducción a la servidumbre y trata con fines de explotación laboral agravada. También fue condenada por su participación necesaria en ilícitos vinculados con la supresión de identidad, la sustracción y retención de un menor y la falsedad ideológica de documento público.

Rigoberto Ismael Mora Bogado fue condenado a 21 años y otros siete acusados recibieron 18 años de prisión, penas que coincidieron con el requerimiento del fiscal Gentili. En el caso de Víctor Abraham Ayunta y Damaris Fernanda Sabich, el tribunal únicamente los condenó por asociación ilícita y los absolvió de los cargos por trata agravada y reducción a la servidumbre.

Decomisos y reparaciones

• Reparaciones económicas para las víctimas por un total de 2.170.467.831,20 pesos.
• Decomiso de 46 inmuebles en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán y Río Negro.
• Decomiso de 12 vehículos y del dinero secuestrado en pesos y moneda extranjera.
• Subasta de otros 15 automotores, medida dispuesta durante la instrucción de la causa.

Durante el debate quedó acreditado que la estructura funcionó, al menos, entre 1972 y el 1° de diciembre de 2020, con sede central en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, y anexos distribuidos en otras provincias y en Paraguay y Brasil.

El fallo también declaró la prescripción de determinados hechos que perjudicaron a nueve personas y absolvió a Pereyra de una acusación por abuso sexual. La decisión abre la etapa de revisión de las defensas ante el tribunal y, eventualmente, la posibilidad de recursos ante instancias superiores.